El mercado laboral, como espacio de interacción socioeconómica, no está libre de que se produzcan desigualdades y discriminaciones que lo hacen más ineficiente, perpetúan injusticias y dificultan el desarrollo profesional y personal de distintos segmentos de población.
El primer paso para corregir esta situación es acercarse a ellas para comprobar qué está pasando. En este sentido, es importante destacar las brechas en género, edad y formación que hay en la actualidad.
Al cierre del año 2023, la tasa de actividad de los hombres (63,7%) continuaba estando más de nueve puntos porcentuales (9,1) por encima de la de las mujeres (54,6%).
Tras casi desaparecer en la pasada década, la brecha de género en la tasa de desempleo ha persistido de manera estable a lo largo de los últimos años, de modo que al final de 2023 se mantenía en los 3,1 puntos porcentuales.
La segunda de las desigualdades que se puede constatar en el mercado laboral es la de edad, con frentes abiertos en sus dos extremos demográficos: el de las personas más jóvenes y el del talento sénior.
El escenario actual justifica que se preste atención a su situación teniendo en cuenta cuestiones tan relevantes como la tasa de paro juvenil – a finales de 2023 alcanzaba en España el 28,6% entre quienes no han cumplido los 25 años, frente al 14,7% del promedio comunitario, según datos de Eurostat -, el progresivo envejecimiento de la población ocupada – la edad media de los/as asalariados/as ha aumentado 6,5 años de 2002 a 2022 según un análisis específico de Funcas – y el retraso escalonado de la edad de jubilación que en 2027 ya quedará establecido en los 67 años, obligando a carreras profesionales más largas.
La última de las brechas está relacionada con la cualificación de las personas trabajadoras, que se evidencia de forma muy clara con una sencilla mirada a la tasa de paro que proporciona la EPA: un 36% de los analfabetos/as se encuentra en situación de desempleo (datos del cuarto trimestre de 2023); entre quienes tienen estudios primarios, el porcentaje se sitúa en el 23%; baja hasta el 13%-14% para los trabajadores que han completado la segunda etapa de secundaria, bien con orientación general o bien con orientación profesional; y la tasa de paro más baja, 8%, es para quienes cuentan con una titulación superior.
Partiendo de esa evidencia, es lógico que desde la Unión Europea se priorice la permanencia de los jóvenes en los programas educativos más allá de la educación postsecundaria. En concreto, se han establecido dos objetivos de cara al año 2030 en relación con esa fase de transición de los jóvenes hacia el mercado laboral.
Por un lado, lograr que al menos el 45% de las personas de entre 25 y 34 años tengan una titulación superior, incluyendo las universitarias y la Formación Profesional de Grado Superior. España a este respecto se encuentra entre los países que ya lo cumplen con un 51% en 2022 (último dato disponible), de acuerdo con Eurostat. Y por otro, que el abandono prematuro de la educación en la fase postsecundaria (18-24 años) sea inferior al 9%. Y es en este último punto en el que España tiene una gran tarea por delante. Su tasa de abandono escolar prematuro se sitúa en el 14% en 2022, solo superada por el 16% de Rumanía y cuatro puntos por encima de la media comunitaria (10%).
El objetivo es identificar los problemas y sus derivadas para poder corregirlos y favorecer la creación de un mercado laboral más diverso, más inclusivo y más igualitario, que sea garantía de progreso para cualquier persona que participe en él y para la sociedad en su conjunto.
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