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28 de marzo de 2017
Durante años, antes del estallido de la crisis, los estados del Sur de Europa se financiaron a partir del uso y abuso de la figura del préstamo bancario más allá de las posibilidades reales de devolverlo. Por tanto, se costeó parte del estado del bienestar a partir de la generación de déficit público, lo que se conoce como deuda soberana. Paralelamente también había una deuda privada (de particulares, bancos y empresas) que finalmente han asumido como propia los estados.
Esta situación puso en jaque la economía de estos países cuando a finales de 2007 estalló la crisis financiera. En aquel año se produjo una crisis de confianza de los acreedores (las entidades financieras) en que sus deudores (los estados) pudieran pagarles y comenzaron a exigirles mayores garantías. Mientras hubo bonanza económica, los bancos daban crédito y era fácil refinanciar la deuda. Una vez llegada la crisis, las entidades crediticias cerraron el grifo y endurecieron las condiciones del retorno de la deuda. Si bien todo el mundo coincide en que el origen de la crisis tuvo que ver con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de ámbito mundial (en nuestro país vinculada en gran parte a los activos tóxicos generados por el sector inmobiliario), en 2012 el contexto ha cambiado.
La segunda recesión, iniciada durante el año pasado, tiene una nueva causa añadida: las políticas de austeridad que se han aplicado desde 2010. Estas políticas tienen el doble objetivo de garantizar a los acreedores la solvencia del deudor para tranquilizar los mercados y marcar líneas de actuación para evitar que los estados (y también particulares y empresas) gasten por encima de sus ingresos.
La prima de riesgo se dispara cuando los acreedores pierden la confianza en los estados deudores. Finalmente, cuando los gobiernos no pueden garantizar la devolución de la deuda se produce el rescate europeo, tal como ha ocurrido en Grecia, Irlanda y Portugal. En estos países se han implantado importantes recortes en el estado de bienestar (donde se concentran las mayores partidas de gasto) y estrictas medidas de control del gasto público. Aunque ni Italia ni España han sido oficialmente rescatadas por la Unión Europea, sí que se encuentran en una situación de intervención económica ya que están siendo sometidos a un estricto control de sus cuentas.
En el caso español, en 2012 se produjo un rescate europeo de 40.000 millones de euros destinados exclusivamente al sector bancario. Este rescate se hizo necesario tras aflorar el agujero contable de Bankia, después de su salida en bolsa en el primer trimestre de 2012. Durante el año pasado también se ha impulsado una nueva actuación del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin de reordenar el sector financiero, obligándole a tener provisiones de sus fondos por valor de un 30% y que ha convertido a la mayoría de cajas de ahorros en bancos. Esto también ha supuesto importantes ajustes de plantilla en el sector, volviendo a niveles de empleo de los años ochenta. El volumen del rescate necesario para la banca española, y si este era total o parcial, ha mantenido en vilo a los mercados y al país entero.
Los ajustes en el gasto se han realizado a causa de la exigencia de las autoridades europeas para conseguir un déficit público en España para 2012 del 6,4% del PIB, frente al déficit real del 9,4% de 2011. Esto ha supuesto un recorte del gasto de 56.440 millones de euros centrado en sanidad, educación y dependencia, con el objetivo de dar seguridad y confianza a los acreedores. Con todo, las previsiones más positivas lo sitúan, finalmente, en un 7% del PIB, a falta de datos definitivos. Los recortes no se han producido sólo en la administración central.
Durante el año pasado también nueve comunidades autónomas se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómica creado por el Gobierno español y que permite rescatar los gobiernos regionales. En 2013 el objetivo de déficit es del 4,5% del PIB aunque, de hecho, ya se han comenzado a oír voces desde la Comisión Europea que abogan por flexibilizar este objetivo de déficit concediendo más tiempo para conseguirlo.
La Unión Europea y la OCDE han recomendado a nuestro país la subida de impuestos en su Informe Económico sobre España. El documento ha apuntado al IVA, pero también ha propuesto más tasas (por ejemplo, de tipo medioambiental), y la reducción de diferentes desgravaciones a la compra de vivienda y a la adquisición de planes de pensiones.
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